Colombia

Colombia

El autor de esta reseña sobre el conflicto ha decidido permanecer en el anonimato.
Febrero del 2009

LENGUAJES: INGLÉS, ESPAÑOL, فارسى

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Fechas: Desde 1990 al presente

Naturaleza de la lucha: movimiento en favor de la democracia

Objetivo: serie de gobiernos electos; movimientos guerrilleros

Movimiento: sindicatos, movimientos indígenas, coalición de oposición democrática

Resumen del conflicto:

El conflicto armado por 60 años en Colombia ha originado lo que las Naciones Unidas han caracterizado como la peor crisis humanitaria en el hemisferio occidental. Los agudos niveles de abusos y violaciones a los derechos humanos, atribuidos a los militares colombianos, a facciones paramilitares y a guerrillas respectivamente, han estado acompañados por el desplazamiento forzoso de aproximadamente cuatro millones de colombianos, incluyendo poblaciones rurales indígenas y afrocolombianas. Esta violencia, vinculada así mismo a la producción y tráfico de drogas, ha estado acompañada por continuas y sistemáticas violaciones y restricciones de los derechos fundamentales de sectores particulares de la sociedad colombiana, incluyendo sindicatos, movimientos de comunidades indígenas y defensores de derechos humanos.

El Presidente colombiano Álvaro Uribe, del partido liberal, elegido a comienzos del año 2002 y posteriormente reelegido en 2006—quien actualmente disfruta de un amplio apoyo popular—en repetidas ocasiones declaró que Colombia no está en guerra, sino que más bien es un país que está en una etapa posterior al conflicto. Los opositores de Uribe afirman que, dada la naturaleza del aparato estatal militarizado, las políticas públicas ejecutadas por su gobierno y las hostilidades continuas entre los militares y las guerrillas, en particular las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), junto con los indicios aparentes de un resurgimiento reciente de grupos paramilitares, Colombia está todavía en medio de un conflicto armado.

Con el decisivo apoyo militar y económico de los Estados Unidos, el Presidente Uribe ha lanzado una campaña agresiva contra las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), dando lugar a algunos logros importantes, como son el debilitamiento considerable de las FARC, la reducción en la cifra de secuestros y, en algunas áreas, en particular los centros urbanos en Colombia, una reducción de los altos niveles de inseguridad del pasado.

En este contexto, la sociedad colombiana no parece haberse desplegado como un campo de lucha no violenta exitosa y tanto la sociedad en general como el Estado permanecen en gran medida indiferentes a la movilización civil. La mayoría de la sociedad colombiana parece apoyar la postura de Uribe de una acción militar importante para acabar con la actividad de las FARC.

La movilización social ha tenido la aceptación de diferentes grupos de la sociedad colombiana, de acuerdo a las demandas que ésta ha hecho y los sectores sociales y políticos que la han autorizado y apoyado. Mientras que las manifestaciones masivas que piden la paz y exigen la liberación de víctimas de los secuestros de las FARC han influído en la percepción nacional e internacional del movimiento de bases colombiano durante los años 2008 y 2009, y han fortalecido el amplio consenso social en contra de las FARC, ha habido una ausencia notable de movilización estratégica de igual escala e impacto alrededor de otras inquietudes urgentes, que se han encontrado con un relativo cierre institucional e invisibilidad social.

Los temas de desplazamiento forzado, desapariciones forzadas, violaciones a los derechos humanos por parte del Estado, la exclusión de pueblos indígenas y la pobreza continúan siendo factores ajenos a la sociedad colombiana y los actores noviolentos han sido incapaces de ejercer influencia sobre el gobierno de Uribe. La movilización de masas de pueblos indígenas durante los últimos meses del año 2008, en torno a cuestiones de propiedad de la tierra, exclusión social y autonomía política, fueron recibidas por parte del gobierno con represión y acusaciones de colaboración y complicidad de líderes indígenas con las FARC, precipitando, solo en última instancia, un atisbo de apoyo social aislado.

La criminalización estratégica de acciones colectivas sigue siendo una herramienta crucial que el gobierno utiliza, y la movilización colectiva alrededor de temas como los derechos indígenas y los derechos de los sindicatos siguen siendo fragmentados y sujetos a represión severa, como es el caso de la marcha en 2008 de líderes y comunidades indígenas en la región del Cauca.

Antecedentes Históricos:

El conflicto entre los partidos liberales y conservadores configuró el siglo XIX y el comienzo del XX, cuando las tensas relaciones políticas y económicas se manifestaban a través del conflicto violento y se canalizaban a través de la participación política, generalmente en grupos locales y regionales de partidos políticos clientelistas y corruptos. Los conservadores dominaron el poder político hasta que el poder volvió a manos de los liberales en 1930 (hasta 1946).

En los años 1950, las formas políticas de mediación predominantes, basadas en intereses políticos clientelistas, se derrumbaron y dejaron de constituir, en mínima medida, un espacio para el compromiso de actores sociales en la vida política nacional. El asesinato del destacado líder liberal y reformista Jorge Eliécer Gaitán en 1948, fue uno de los catalizadores decisivos que provocaron el período subsecuente de la violencia entre las fuerzas liberales y conservadoras que causaron 200,000 muertes.

Durante la violencia surgieron una serie de organizaciones guerrilleras marxistas, incluyendo el Movimiento 19 de Abril (M 19), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La aparición de estos grupos guerrilleros de izquierda sumergió al país más profundamente en la violencia y la inestabilidad. Durante este período, en 1958, los partidos liberales y conservadores acordaron fundar y mantener el Frente Nacional, un convenio de partición en el poder que alternaría el control de la presidencia cada cuatro años, y que duró hasta 1974. El Frente Nacional era un acuerdo creativo destinado a terminar con la violencia partidista, sin embargo, excluyó sistemáticamente a terceros partidos (partidos políticos de izquierda y coaliciones pluralistas).

El conflicto interno armado entre el Estado y los grupos guerrilleros se intensificó después de los años 1970 cuando las acciones de las diferentes facciones guerrilleras mantuvieron varias regiones del país en estado de sitio. Tanto facciones militares como guerrilleras desplegaron una violencia brutal que ocasionó inusitadas cifras de víctimas civiles, incluyendo masacres, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y desplazamiento forzoso.

En este contexto, y en particular en los años 1970 y 1980, Colombia se convirtió en uno de los principales centros internacionales de producción y tráfico de drogas ilegales. En los años 1980 el poder de los cárteles de droga era casi insuperable, en la medida en que estos cometieron actos de violencia política brutal contra cualquiera que se les opusiera. En 1987, un tratado de extradición con los Estados Unidos fue derogado por el tribunal supremo de Colombia, a raíz de ataques sistemáticos a agentes de la justicia colombiana.

En los años 1980 y 1990, se constituyeron los paramilitares de derecha, a instancias de los terratenientes, y con la participación de los narcotraficantes, para "proteger" sus tierras y recursos de las guerrillas, mientras mantenían el control del tráfico de drogas ilegales en manos de los cárteles de droga (siendo los más conocidos los cárteles de Medellín y de Cali).

La organización que aglutinaba a estos paramilitares era las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En 1989, el candidato a la presidencia Luis Carlos Galán, un abierto partidario de la extradición, fue asesinado, provocando el restablecimiento del tratado de extradición con los Estados Unidos y la subsecuente declaración de la guerra abierta por parte de los cárteles de la droga contra el gobierno, si el tratado no se aboliera de nuevo. Posteriormente, la extradición fue excluída de la nueva Constitución de 1991 por parte de la Asamblea Constituyente.

En los años 1990, el conflicto armado se intensificó, a consecuencia de la ferocidad cada vez mayor de los grupos paramilitares y guerrilleros, incluyendo la táctica del secuestro por parte de las guerrillas (aproximadamente 2,787 personas fueron secuestradas en 1999) lo cual dejó a la población civil, en particular los grupos indígenas y afro colombianos, en la línea de fuego y cada vez más implicados en el conflicto como víctimas.

La brutal política militar de contrainsurgencia también se dirigió a las poblaciones civiles. Éstas fueran víctimas de atroces violaciones y abusos a los derechos humanos, incluyendo la táctica de masacrar poblaciones enteras, precipitando alarmantes niveles de desplazamiento interno.

En la segunda mitad del año 2000, durante la presidencia de Andrés Pastrana, el gobierno estadounidense aprobó el "Plan Colombia", que incluía 1.3 mil millones de dólares para combatir al tráfico de drogas. En 2002, Álvaro Uribe fue elegido para el cargo por el partido liberal. Su promesa de “mano dura“ contra los guerrilleros contrastó con los esfuerzos anteriores de buscar un fin negociado al conflicto armado, y Uribe respaldó esta promesa buscando un aumento en el gasto militar y la cooperación militar con los Estados Unidos. A través de su política de seguridad democrática, Uribe ha buscado recuperar el control de Colombia a través del incremento en la capacidad y operaciones militares, y en el aumento de la presencia de la policía, desplegándola por todo el país.

El complemento de este proceso ha sido una intensificación de la extirpación de cosechas ilícitas. Uribe también, de manera polémica, ha procurado incitar a la colaboración civil para acabar con la guerrilla, desarrollando una milicia campesina, y ampliando el poder militar para incluir poderes de vigilancia. En este contexto, durante los siete años anteriores, mientras varios beneficios importantes se han alcanzado, y las FARC han sufrido golpes militares y políticos serios, las libertades individuales han sido cercenadas, han surgido escándalos serios como la parapolítica (la relación de políticos de alto nivel con los paramilitares), y el desplazamiento interno ha alcanzado niveles agudos.

Acciones Estratégicas:

Hacia mediados de los años 1980, sobre las relativamente no exitosas movilizaciones sindicales, campesinas, estudiantiles y urbanas que ocurrieron durante La Violencia, una gama de líderes sociales surgieron, incluyendo el movimiento indígena, el movimiento de mujeres y otras luchas enfocadas en cuestiones de identidad y política más que exclusivamente en las cuestiones de clase. Durante los años 1980, la sociedad civil buscó la participación directa en los distintos procesos de paz, un papel que fue adoptado de manera informal por la Asamblea de la Sociedad Civil Permanente para la paz en Colombia, establecida finalmente en 1998, y constituida por más de 800 organizaciones ciudadanas. Igualmente, mientras los asuntos que las organizaciones desarrollaron y ensancharon, también lo hicieron los discursos de organizaciones de sociedades civiles que evolucionaron de la política con base en la clase hacia una política de movimiento articulada en el marco de derechos humanos, y que incluían los derechos políticos, civiles, sociales, económicos y culturales. Las organizaciones creadas por las víctimas del conflicto armado desarrollaron más tarde discursos innovadores que procuraban tener impacto en aquellos derechos conservados por las leyes internacionales de derechos humanos.
A pesar de las actividades de la Asamblea de las Sociedad Civil Permanente, la movilización social en Colombia ha sido fragmentada y hasta el momento ha tenido un impacto generalmente mínimo sobre las acciones, agendas y percepciones de las diversas partes del conflicto (el Estado, los paramilitares, la guerrilla, los traficantes de drogas). Además, considerando la complejidad de aquellos activistas ocupados en el conflicto, compuesto por la influencia y el impacto de productores de droga y los traficantes, hasta entonces la movilización no violenta ha sido incapaz de identificar objetivos claros y hacer a estos líderes responsables. La acción colectiva también ha tenido una influencia solamente limitada a la formación de discursos “de paz” penetrantes pero imprecisos y divergentes, que se articulan en la sociedad colombiana. Cada uno habla sobre la paz, pero pocos se aventuran a definirla.

Con ciertas excepciones, el empleo de la acción no violenta ha sido esporádico y fragmentado y ha carecido de una estrategia unificada en Colombia. Los dos discursos que han tenido el mayor impacto han sido las marchas "No a las FARC" (1997-2009), y manifestaciones y acciones generales que piden paz y negociaciones. La primera de tales acciones orientadas a este respecto eran las masivas acciones pacifistas, que involucraron aproximadamente 5 millones de personas en 1997 y 1998, y el voto para la paz que reunió a aproximadamente 10 millones de ‘votantes’. Tales acciones procuraron dirigirse a ciertas violaciones de derechos humanos sumamente visibles, incluyendo la masacre de Trujillo (1986-1994), pero desde entonces han sido impuestas principalmente contra las guerrillas, sin enfocarse en las violaciones realizadas por el Estado o los militares y paramilitares. Así, parece haber una tendencia compartida por muchos organizadores no violentos en que no concentrarán su movilización en el enfrentamiento de las violaciones a los derechos humanos y prácticas antidemocráticas por el Estado. Aquellas organizaciones que realmente procuran hacer el Estado responsable, como la Comisión Colombiana de Juristas, han sido sujetas al hostigamiento y el espionaje por agencias estatales, incluyendo el Departamento de Seguridad Administrativa (DAS).

Las importantes incidencias de acción estratégica no violenta han ocurrido a nivel municipal dentro del país, incluyendo en las comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas, en las llamadas " comunidades de paz”. Muchas de estas comunidades, incluyendo a San José Apartadó, se han movilizado como actores independientes que se resisten a la cooptación en las fuerzas armadas ilegales, y proponen visiones alternativas de paz y desarrollo. Sin embargo, estas experiencias permanecen marginadas, y no se han extendido ampliamente a la sociedad colombiana como un todo. Estas comunidades, formadas por una relación íntima con bases sociales en territorios diversos en el interior de Colombia, han articulado demandas basadas en la no violencia, en gran parte influídas por valores, principios y discursos cristianos.

Otras resistencias han sido realizadas por comunidades campesinas en contra de grupos armados a nivel local, y que incluyen la evasión fiscal y la anulación de servicio militar. Por ejemplo, un ejemplo particular son las acciones de los indígenas Wayúu, localizados en la Guajira. Las formas diarias de resistencia realizada por los Wayúu han incluido el desarrollo de una economía interna. Los Uwa’ también amenazaron con un suicidio masivo ante la penetración de empresas petroleras internacionales en sus tierras aborígenes, una acción que era acertada en la posposición de exploración de sus recursos naturales en su territorio.

En Colombia, considerando la carencia de redes socio políticas y mercados económicos y la carencia extrema de infraestructura en particular en la costa Pacífica y comunidades indígenas, las comunidades y áreas aisladas semirurales han sido capaces de persistir. Ha sido dentro de tales comunidades, afectadas desproporcionadamente por el conflicto como ellos lo han sido, que los episodios de acción no violenta han ocurrido. A pesar de todo poco de esta movilización se ha extendido a la Colombia urbana.

Otra estrategia adicional importante ha sido aquella utilizada tanto por movimientos indígenas como por el movimiento afrocolombiano. Un cabildeo acertado fue realizado por el movimiento indígena a finales de los años 1980, causando reconocimiento importante, siendo precedente de los derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución de 1991. Desde este proceso, ha habido más experiencias significativas de resistencia indígena y episodios de acción no violenta, en particular en el sur de Colombia, en la región del Cauca y en las montañas de Santa Marta sobre la costa caribeña.

En Cauca, como en otras regiones, los movimientos indígenas han articulado luchas basadas en los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Como consecuencia de las movilizaciones de masas y acciones de movimientos sociales, los grupos indígenas en el Cauca eligieron un gobernador, varios alcaldes y miembros del sistema estatal legal. Sin embargo, después de las movilizaciones masivas durante los últimos meses del año 2008, durante los cuales varias personas indígenas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad, los activistas indígenas en Cauca se convirtieron en el objetivo de la agresión militar, y ahora varios están escondidos como consecuencia de casos criminales tratados por el estado colombiano. Antes de esto, los pueblos indígenas en el Cauca habían sido víctimas de agresión tanto por grupos guerrilleros como por paramilitares. La eficacia de la represión del gobierno en 2008 se ha manifestado como acciones no violentas orientadas hacia la mejora de condiciones económicas, la reforma agraria, y acciones que están basadas sobre un marco legal, pero han tenido éxito muy limitado.

Las huelgas populares civiles han sido un medio importante para los sectores económicamente más vulnerables en la sociedad colombiana. En varias ciudades colombianas, por ejemplo Bogotá, Cali y Medellín, y en municipios rurales, debido a la no cooperación con empresarios y líderes políticos, tales sectores han ganado mayor acceso a servicios públicos (agua, electricidad, alcantarillado, educación, salud, etc.). Sin embargo, estas acciones eran de naturaleza muy localizada, y no se extendieron al nivel nacional.

La acción quebrantadora directa también ha sido usada en el rescate no violento de rehenes de pueblos indígenas en el Cauca en agosto de 2004, cuando 400 personas indígenas marcharon sobre San José Caguan , una comunidad localizada dentro del territorio guerrillero, donde ellos permanecieron en una condición de no cooperación hasta que varios de sus parientes fueran devueltos por los guerrilleros.

La Situación Hoy:

El impacto limitado del conflicto no violento en Colombia ha sido formado por una debilidad general en la elaboración de dimensiones estratégicas de la acción no violenta. En cuanto a esto, hubo una carencia de entendimiento profundo de los métodos de acción política no violenta, así como frecuentes cálculos equivocados sobre la fuerza y las acciones de los adversarios.

Este déficit ha generado grandes errores, como la carencia general de objetivos funcionales específicos de los movimientos, conduciendo a abstraer demandas "de paz", un concepto y un objetivo compartido por víctimas y autores igualmente. En segundo lugar, los líderes no han sido expertos en el desarrollo de la capacidad organizativa, que requiere la participación en la organización de bases, y la acción colectiva sostenida durante un periodo prolongado. En cuanto a esto, el eslabón entre la organización de bases y el mando ha sido débil, y con frecuencia la unidad dentro y entre grupos carecía. Los movimientos también han sido incapaces de generar el acceso seguro y constante a los recursos, y han carecido de la capacidad para cultivar la ayuda extranjera y construir aliados influyentes y redes nacionales e internacionales. De importancia extrema fue la carencia de construcción de las redes nacionales que sean estables y autónomas.

El miedo a la movilización, la invisibilidad de ciertos temas y la monopolización de la acción colectiva por organizaciones antiguerrilleras y pacifistas (muchas veces sancionadas por el estado) han sido claves aquí, dado que tales grupos han tenido el acceso a recursos el Estado ha sancionado el apoyo y los medios de comunicación.

Sin embargo, en meses recientes, ciertos movimientos no violentos han alcanzado una visibilidad creciente y han hecho impacto comenzando a presionar al Estado, alcanzando un impacto importante. Por ejemplo, la huelga nacional de operadores de justicia (40,000 jueces y otros empleados) en todo el país exigía una mejora en las condiciones de trabajo, por 4 meses durante 2008, y ganó cobertura y apoyo importante. En años recientes las acciones de cortadores de caña y cosechadores confirieron resultados similares. Además, la movilización importante de los pueblos indígenas del Cauca ha comenzado a revelar como la acción organizada colectiva no es una imposibilidad en Colombia.

Lectura complementaria:

Bejarano. J. A y Leal. F, ed. “El papel de la sociedad civil en el proceso de paz.” Los laberintos de la guerra, utopías e incertidumbres sobre la paz. Bogotá: Tercer mundo editors, 1999.
Fals, Orlando y otros eds. La violencia en Colombia. Bogotá: G. Valencia Editores, 1962.
García, Durán M. Movimiento por la paz en Colombia 1978-2003. Bogotá: PNUD, CINEP y Colciencias, 2006.
García, Villegas M. Sociedad de emergencia: acción colectiva y violencia en Colombia. Bogotá: Defensoría del Pueblo, oficina para la coordinación de la atención al desplazamiento forzado, 2005.
Hernández. E y Cante. F, “La resistencia civil de los indígenas del Cauca.” Sin recociliación no hay paz. Bogotá: Secretaría de Gobierno Distrital, 2006.
Hernández, E. Resistencia civil, artesana de paz. Experiencias indígenas, afrodecendientes y campesinas. Bogotá: Universidad Javeriana, 2004.
INER, Asambleas municipales ¿movimientos sociales, organizaciones o acciones colectivas?, una propuesta interpretativa. Medellín: Gobernación de Antioquia, oficina de participación ciudadana y desarrollo social, 2006.
Peñaranda, R. “Resistencia civil y tradiciones de resistencia en el suroccidente colombiano.” Nuestra Guerra sin nombre, transformaciones del conflicto en Colombia. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2007.
PNUD. El conflicto, callejón con salida, Informe nacional de desarrollo humano para Colombia-2003.
Sousa (de) B., y M. García Villegas, Emancipación social y violencia en Colombia. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2004.