by María Belén Garrido and Cécile MoulyJanuary 21, 2020
El 2 de octubre de 2019 el presidente de Ecuador Lenin Moreno, mediante el decreto 883, anunció la eliminación de los subsidios a la gasolina y el diésel, lo que desencadenó 11 días de protestas. Las protestas terminaron el 13 de octubre con un acuerdo entre el Gobierno y el movimiento indígena - el principal grupo que se oponía a la medida - para derogarlo y reemplazarlo por otro elaborado en consulta con el movimiento.
Se alcanzó una solución rápidamente, pero la represión del Estado y la violencia tanto de parte del movimiento de resistencia como de actores externos dejaron un saldo de ocho muertos y más de 1300 heridos. Con tal saldo de víctimas en tan corto tiempo, uno se pregunta: ¿Podemos considerar que el movimiento tuvo éxito? Más importante aún, ¿qué podemos aprender de este episodio, en particular en relación con la disciplina noviolenta?
Los indígenas del Ecuador tenían agravios contra el Gobierno mucho antes del decreto 883. En especial, percibían que el Gobierno no estaba haciendo lo suficiente para reducir la brecha económica cada vez más amplia entre ciudades y áreas rurales. El Gobierno no les consultó en temas relacionados con el acceso al agua y el impacto local de actividades de extracción. Así, la promulgación del decreto sin previa consulta avivó el resentimiento de muchos indígenas y precipitó las movilizaciones de octubre.
De igual forma, los sindicatos tenían agravios. Antes de las protestas de octubre, estaban preocupados por posibles reformas laborales que afectarían los derechos de los trabajadores. Se encontraban en diálogo con el Gobierno, pero sin resultados tangibles (hasta ahora). Ellos formaron una alianza con el movimiento indígena para presionar al Gobierno para que revise las medidas económicas.
El Gobierno de Ecuador emitió el decreto rápidamente sin tomarse el tiempo para explicar y defender su decisión, adoptada supuestamente para ayudar a subsanar las dificultades económicas del país. Por lo tanto, muchos sectores tomaron el decreto como una imposición del Fondo Monetario Internacional. El Gobierno, por su parte, subestimó el alcance de los agravios de los pueblos indígenas y no tomó suficientemente en cuenta los efectos que tendría levantar los subsidios en esos sectores.
El primer grupo en movilizarse contra el decreto fue el gremio de transportistas, en particular la Federación de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros, quienes presionaron al Gobierno para que adoptara medidas compensatorias por el incremento del precio de los combustibles. Los transportistas paralizaron sus actividades el 3 de octubre, bloqueando las calles en ciudades como Guayaquil, Cuenca, Ambato, Manta y Quito, al igual que las principales carreteras del país. En respuesta, el Gobierno declaró el estado de excepción y trasladó la sede del Gobierno a Guayaquil.
El 4 de octubre, el Gobierno y el gremio de transportistas alcanzaron un acuerdo que terminó con sus protestas y significó el incremento de la mayoría de las tarifas de transporte público.
El 9 de octubre, bajo el liderazgo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), los indígenas iniciaron una marcha pacífica junto con sindicatos y grupos afines.
Pero muy pronto, lo que comenzó como una campaña noviolenta resultó en niveles de violencia nunca antes vistos en este tipo de movilizaciones en Ecuador. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos rápidamente emitió un comunicado denunciando los actos violentos tanto de las fuerzas de seguridad estatales como de los manifestantes y llamando a un diálogo urgente para reducir la violencia. En distintos lugares del país diferentes grupos, incluyendo grupos de oposición, de jóvenes militantes e indígenas, aprovecharon la inestabilidad como una oportunidad para amenazar a pobladores, saquear oficinas y negocios, atacar medios privados (en particular Teleamazonas y El Comercio) e incendiar la Contraloría.
Es más, uno de los líderes del movimiento de octubre, Jaime Vargas, usó una retórica militarista, la cual pudo involuntariamente haber encendido los ánimos de varios activistas indígenas de base. No está claro si el uso de bombas molotov y lanzacohetes armados manualmente, poco común en este tipo de manifestaciones, puede ser atribuido a este factor o a la presencia de personas infiltradas.
Aunque es difícil identificar el origen de la violencia, uno puede fácilmente distinguir el espiral de violencia entre la represión del Estado y la falta de disciplina noviolenta de las personas en la calle, algunas de las cuales actuaron para expresar su rechazo a las medidas económicas, mientras que otras tuvieron otros objetivos, incluyendo desestabilizar al Gobierno y frenar los juicios contra la corrupción.
Aunque la CONAIE se deslindó de los actos de violencia, el poco tiempo de preparación y la falta de disciplina noviolenta—en parte debido al repentino inicio del conflicto, pero también a la presencia de flancos violentos y actores externos—deslegitimaron y redujeron el apoyo al movimiento indígena. El Gobierno, por su parte, obtuvo una buena excusa no solo para declarar el estado de excepción, sino para el posterior toque de queda y militarización de Quito. Todos estos factores permitieron que el Ejército y la Policía usasen la fuerza contra la gente en las calles.
Si el acuerdo entre el Gobierno y los líderes indígenas, que puso fin a las protestas, no hubiera detenido este espiral de violencia, las consecuencias podrían haber sido peores. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, los acontecimientos resultaron en ocho muertos, 1340 heridos y 1192 personas detenidas a nivel nacional (ver reporte aquí).
Resulta interesante la resistencia noviolenta ejercida a todos los niveles de la sociedad contra la violencia, la cual empujó a los líderes de la CONAIE y al Gobierno a sentarse a dialogar con la mediación de Naciones Unidas, la Iglesia Católica y varias universidades. Una marcha por la paz y la libertad se desarrolló en Guayaquil el 9 de octubre y hubo concentraciones en la Avenida de los Shyris en Quito el 8 y 9 de octubre, en las que participaron miles de personas en favor de la paz.
De la misma forma, miles de ciudadanos se movilizaron por la paz a través de las redes sociales, alejándose de mensajes que denigraban al otro lado. La selección de fútbol ecuatoriana abrió un partido amistoso con la pancarta “Ecuador país de paz” y varios mensajes a favor de una salida negociada al conflicto se difundieron a lo largo y ancho del país. Algunas universidades también organizaron zonas de paz y refugios humanitarios e inclusive mediaron entre las partes. Por ejemplo, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) intervino exitosamente el 12 de octubre para evitar un enfrentamiento violento entre manifestantes enardecidos y fuerzas policiales. Estudiantes se interpusieron entre las partes sosteniendo pancartas que decían “zona de paz y acogida humanitaria.”
El cacelorazo, una acción noviolenta usada en el 2005 para precipitar la salida del ex presidente Lucio Gutiérrez, se empleó nuevamente el 12 de octubre en Quito, tras la jornada de mayor violencia y el anuncio de toque de queda. Cientos de ecuatorianos, en las calles y en sus casas, hicieron sonar sus cacerolas en la noche por más de una hora demostrando que estaban en contra de la violencia y a favor de la paz. Sin embargo, si bien esta acción, promovida en la radio municipal de Quito y las redes sociales, movilizó a muchos, fue controversial porque otros participaron espontáneamente en el cacerolazo en rechazo a las medidas del gobierno. Tal vez los activistas pro paz podrían haber usado otra acción simbólica, como poner una vela blanca en sus ventanas.
Los once días de protestas en Ecuador nos permiten aprender importantes lecciones para quienes estudiamos y estamos involucrados en movimientos de resistencia civil o en apoyo a estos. La CONAIE y los sindicatos habían organizado diversas campañas noviolentas desde los años 90 para presionar por el cambio. En todas ellas mantuvieron la disciplina noviolenta, lo que les permitió impulsar importantes transformaciones sociales como el reconocimiento de un Estado pluricultural y multiétnico, el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y su mayor participación en la vida política, al igual que avances en materia de derechos laborales.
Si bien las protestas de octubre buscaban continuar con la lucha contra la injusticia social, éstas fueron manchadas por el nivel de violencia que se dio. La CONAIE finalmente consiguió derogar el decreto, pero el estallido de violencia de parte del Estado, de los manifestantes y otros, hizo que no obtuvieran ni el apoyo de la clase media ni de los medios de comunicación tradicionales, lo cual fue clave en campañas anteriores.
Podemos sacar algunas lecciones de este caso. Primero, no solo el Gobierno sino también otros actores pueden usar agentes provocadores para incentivar la violencia en medio de protestas noviolentas con el fin de satisfacer sus intereses. Los manifestantes no deben ser ingenuos ante esto. Existen diferentes formas en las que los activistas pueden prevenir estos intentos, por ejemplo al permanecer fuera de la calle y, en su lugar, emplear tácticas noviolentas dispersas como boicots y huelgas. De igual forma, pueden aprender a hacer que la represión ejercida por el Gobierno sea contraproducente.
Segundo, los movimientos podrían considerar la posibilidad de imitar a los ejércitos en el sentido de participar en entrenamientos regulares—entrenamientos para mantener la disciplina noviolenta - como una forma de prepararse para responder ante la injusticia. Muchos movimientos alrededor del mundo se entrenan en el mantenimiento de la disciplina noviolenta con frecuencia, con la ayuda de grupos como el Centro Internacional para el Conflicto Noviolento (ICNC), que apoya el Programa Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción Noviolenta Estratégica en las Américas, que tiene lugar en Quito cada año.
Igualmente, los movimientos podrían considerar incrementar sus esfuerzos colectivos para establecer una posición noviolenta incondicional en sus relaciones públicas - inclusive mucho antes de que los conflictos estallen. Actualmente la gente agraviada no puede permitirse correr a las calles ante el primer signo de injusticia. El caso de Ecuador resalta la importancia del trabajo continuo que deben realizar los movimientos.
Esta entrada de blog también está disponible en inglés:
What Can We Learn from the Ecuador Protests?
María Belén Garrido is a research lecturer at the Pontifical Catholic University of Ecuador, a researcher at FLACSO, Ecuador, and a Ph.D. student at the Catholic University of Eichstätt/Ingolstadt. Her main expertise is in peace and conflict studies.
Read MoreCécile Mouly is a French scholar based in Ecuador. She is a research professor specialized in peace and conflict studies at the Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), and a practitioner in the field. She holds a Ph.D. in International Studies from Cambridge University.
Cécile Mouly es una académica francesa basada en Ecuador. Es profesora investigadora especializada en los estudios de paz y conflictos en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y tiene experiencia práctica en el campo. Tiene un Ph.D. en Estudios Internacionales de la Universidad de Cambridge.
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